Un manifestante sostiene una pancarta con el lema "¡Dignidad, no muerte!" durante la "Marcha por la Vida" (Marché pour la Vie) en protesta contra el proyecto de ley francés para la creación del derecho a la muerte asistida, en la Plaza Vauban de París, el 18 de enero de 2026. Este proyecto de ley, una importante reforma social del segundo mandato quinquenal del presidente francés, ha sido objeto de numerosos debates y la Asamblea Nacional le dio su aprobación final el 15 de julio, convirtiendo a Francia en uno de los pocos países europeos que legalizan esta práctica. | Crédito: Martin LELIEVRE/AFP vía Getty Images
15 de julio de 2026
Por Solène Tadié | ACI Prensa
La Asamblea Nacional de Francia dio la aprobación definitiva este 15 de julio a un proyecto de ley que legaliza la eutanasia y el suicidio asistido, convirtiendo al país en uno de los pocos de Europa en permitir esta práctica, junto con Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y España.
La votación, que concluyó con 291 votos a favor y 241 en contra, se produjo tres años después de que el presidente francés Emmanuel Macron, quien había hecho de esta medida una de sus principales promesas de campaña, abriera por primera vez el debate a nivel nacional.
La votación puso fin a un inusual estancamiento parlamentario entre la Asamblea Nacional y el Senado. Los miembros de la Asamblea Nacional aprobaron el proyecto de ley en tres ocasiones durante un período de 14 meses —la más reciente el 30 de junio, por 295 votos contra 232— y los senadores lo rechazaron el mismo número de veces.
El 7 de julio, el Senado aprobó, por una estrecha mayoría de 169 votos contra 164, con 11 abstenciones, una moción preliminar para rechazar de plano el proyecto de ley en lugar de debatirlo, y esa misma moción instaba al gobierno a poner fin al proceso legislativo.
En lugar de atender ese llamado, el primer ministro Sébastien Lecornu invocó el artículo 45 de la Constitución, que permite al gobierno otorgar a la Asamblea Nacional la decisión final cuando las sucesivas lecturas no logran un acuerdo entre ambas cámaras. Posteriormente remitió el proyecto de ley nuevamente a la Asamblea Nacional para una cuarta y definitiva votación, en lugar de una cuarta lectura en el Senado.
Sin embargo, la votación del 15 de julio no cerró el asunto. El 14 de julio, Lecornu anunció que sometería parte del texto al Consejo Constitucional, una medida que también había solicitado el presidente del Senado, Gérard Larcher, citando en particular la forma en que la cláusula de conciencia del proyecto se aplicaría en relación con los centros sanitarios y de atención social dedicados al acompañamiento al final de la vida que excluyen la asistencia para morir.
El Consejo debe pronunciarse en el plazo de un mes, o de ocho días si el gobierno solicita una revisión acelerada, lo que significa que la ley no podrá promulgarse hasta que concluya esa revisión, aunque la Asamblea ya la haya aprobado.
La ley sobre el final de la vida abarca tanto la eutanasia, administrada por un médico o un enfermero, como el suicidio asistido, en el que el propio paciente se administra una sustancia letal, bajo cinco condiciones acumulativas: la persona debe ser mayor de edad, residente estable en Francia, haber sido diagnosticada con una enfermedad grave e incurable, encontrarse en una fase avanzada o terminal de esa enfermedad y sufrir de una manera que los tratamientos actuales no puedan aliviar, manteniendo al mismo tiempo la capacidad de expresar una decisión libre e informada.
Se supone que la autoadministración será la regla general, previendo la ley la intervención de un profesional sanitario únicamente cuando el paciente sea físicamente incapaz de actuar.
Una medida complementaria destinada a ampliar el acceso a los cuidados paliativos fue aprobada con un respaldo mucho mayor, superando su primera lectura en el Senado por 307 votos contra 17. Hasta la fecha, más del 20 % de los departamentos franceses siguen sin contar con una unidad de cuidados paliativos, según cifras citadas reiteradamente por la Conferencia Episcopal de Francia durante el debate.
El impulso para legalizar la asistencia para morir se remonta a septiembre de 2022, cuando el Comité Consultivo Nacional de Ética revirtió su anterior oposición a la asistencia para morir y respaldó una aplicación “ética” de esta práctica. Un panel ciudadano convocado por Macron dedicó el invierno siguiente a analizar la cuestión y respaldó su legalización.
El presidente francés presentó las líneas generales de un proyecto de ley en marzo de 2024, pero la iniciativa quedó paralizada cuando disolvió la Asamblea en junio de ese mismo año. El diputado Olivier Falorni, quien anteriormente había presentado sin éxito otro proyecto sobre el final de la vida, retomó la iniciativa en 2025.
Los críticos sostienen que el marco recientemente aprobado es uno de los más permisivos de su tipo en el mundo. Grégor Puppinck, abogado católico y director general del Centro Europeo para el Derecho y la Justicia, publicó un análisis punto por punto en el que sostiene que todo el proceso descansa en el juicio de un solo médico, quien podría conocer al paciente por primera vez el mismo día en que este presenta la solicitud y ni siquiera tendría que ser quien ya lo estuviera tratando.
Los otros dos profesionales a los que ese médico debe consultar son elegidos por él mismo, no están obligados a examinar personalmente al paciente y pueden ser consultados mediante videoconferencia.
Puppinck señaló que la ley no establece un intervalo mínimo entre la decisión y el acto en sí, más allá de un período de reflexión de dos días; los familiares no tienen garantizado el derecho a ser informados previamente y tampoco pueden impugnar el resultado ante los tribunales.
Los médicos que objeten por motivos de conciencia deberán aun así derivar al paciente a un colega dispuesto a proceder, y las instituciones privadas y religiosas, incluidas las residencias de ancianos, deberán permitir el acceso de equipos móviles de eutanasia bajo amenaza de sanciones administrativas. Según Puppinck, la supervisión sólo se realiza después de la muerte, sobre la base de un informe elaborado por el mismo profesional que llevó a cabo el procedimiento.
Los fundadores del colectivo ético Democracia, Ética y Solidaridad, Laurent Frémont y Emmanuel Hirsch, escribieron en Le Journal du Dimanche que los criterios de elegibilidad de la ley —principalmente una “enfermedad grave e incurable” que cause un “sufrimiento insoportable”— están definidos de manera lo suficientemente vaga como para que una interpretación médica estricta pudiera hacer elegibles a más de un millón de personas, incluidos pacientes con enfermedades crónicas, trastornos psiquiátricos o edad avanzada, sin exigir una solicitud previa por escrito, una revisión por parte de otros médicos ni una evaluación psiquiátrica.
Un estudio de 2025 de la Fondation pour l’innovation politique estimó que la medida podría ahorrar al Estado alrededor de 1.400 millones de euros (1.600 millones de dólares) al año en gastos de salud, atención a personas mayores y pensiones, una proyección que los críticos han citado como prueba de las presiones que podrían afrontar los pacientes vulnerables y de edad avanzada una vez que la ley entre en vigor.
La Conferencia Episcopal de Francia calificó el texto como una amenaza para “los más frágiles” entre los ciudadanos franceses en un comunicado emitido en mayo de 2025, antes de la primera votación del proyecto en la Asamblea.
El Arzobispo de París, Mons. Laurent Ulrich, ha instado repetidamente a los legisladores a reconsiderar su postura, afirmando que la verdadera solidaridad se construye cuidando de los demás y no mediante la muerte. “Más que asistencia para morir, nuestra sociedad necesita asistencia para vivir”, ha declarado en repetidas ocasiones.
En un videomensaje dirigido a los legisladores antes de la votación, el Arzobispo de Tours, Mons. Vincent Jordy, evocó la advertencia formulada hace siglos por François Rabelais de que “ciencia sin conciencia no es más que la ruina del alma”.
Lo que está ocurriendo, dijo, es “un cambio antropológico”, una nueva manera de comprender la vida y su final que transformará gradualmente al país, afectando a los cuidadores, las familias, las personas con discapacidad y la relación entre las generaciones.
También señaló el caso de los Países Bajos, donde las autoridades reguladoras incorporaron salvaguardias durante dos décadas y donde las autoridades sanitarias confirmaron en junio que, por primera vez, un menor de 12 años había sido sometido a eutanasia, en virtud de una ampliación de la ley aprobada en 2024 para niños de entre 1 y 12 años.
Aprobar una ley, afirmó Jordy, también significa abrir la puerta a cosas “que quizá no se habían imaginado” cuando fue redactada.
Artículo publicado originalmente en EWTN News. Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa.
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